Estado Colombiano en plan de persecución y terrorismo contra la protesta social


Colombia 3 de agosto.- Estamos en la fase de persecución, arresto y/o asesinato de Primeras Líneas y todo aquel relacionado con activismo dentro de la protesta social.

Diariamente los colombianos denuncian por las redes sociales -única forma de denuncia en Colombia- casos de allanamientos, detenciones e incautación de escudos y cascos bajo cargos de terrorismo urbano.

La campaña-estrategia de las Fuerzas de Terrorismo o de Seguridad colombianas suma ahora un contrato por más de 4 mil millones de pesos para rastrear en las redes a personas vinculadas al inconformismo social. 

 

Cali, Bogotá, Popayán y Medellín son las ciudades que hasta ahora reportan mayores casos de persecución policial a los jóvenes.

De esta forma el Gobierno de Iván Duque mantiene su política de guerra contra los jóvenes de origen humilde y contra la protesta social.  Abogados de organizaciones de derechos humanos informan y declaran su preocupación por el “Proceso de Intimidación” que ejecuta Duque a través de sus fuerzas para desmotivar la protesta social, especialmente en vísperas de fechas de convocatoria a la manifestación, como el 28 de julio, fecha en que se cumplieron tres meses del levantamiento popular, y el 7 de agosto, fecha en que se conmemora el triunfo contra la colonia española.

Pero especialmente se extiende el clima de intimidación, que sin eufemismo se puede llamar terrorismo de Estado, que anuncia su actuar hacia las elecciones de congreso y presidente para marzo y mayo de 2022.  Elecciones que muy seguramente serán manipuladas y robadas por el régimen gobernante.

Colombia sigue a merced de la más descarada criminalidad estatal ante el silencio internacional. Incluso el gobierno de Estados Unidos demuestra su absoluta sordera y ceguera frente a lo que pasa en esta nación, clásica conducta de doble moral con las tiranías que son sus aliados económicos.

Ni siquiera Alemania se ha pronunciado sobre el atentado contra la turista-reportera Rebecca Sprober, su posterior deportación, y el homicidio a balazos del joven Johan Sebastián Bonilla, parte del plan de persecución del Estado.

Apenas un tímido –¿tibio?- twitter del embajador de Alemania en Colombia Petter Ptassek, deja ver “su preocupación” por el caso.

 

El ataque a Rebecca y el homicidio de Johan Sebastián demuestran el cinismo del Estado. La Policía colombiana no solo salió a confundir y desviar la investigación a través de un reporte a la prensa oficialista, sino que con semejante informe deja ver que está detrás del homicidio. Que fue un robo. Que el joven era un delincuente, ante las cámaras dice justificando el crimen un portavoz policial con actitud paramilitar.

Pero el abierto proceder criminal, estilo mafia del gobierno Duque, se comprueba con la manera que la alemana Rebecca fue deportada tras rendir declaración judicial por el ataque.

Duque mató dos pájaros de un tiro. Asesinó a un joven líder de la protesta social e hizo salir del país a una incómoda veedora internacional. 

Abogados de organizaciones de derechos humanos tratan de hacer una lista de los reportes de allanamientos y arrestos que empiezan a sumarse sin información oficial. 

Mientras los propios jóvenes denuncian allanamientos a sus humildes “viviendas”, arrestos, torturas y el ambiente de terror que el Estado colombiano ha logrado implantar en su nación. 

 

NC

Cali, 3 de agosto 2021




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