Desde este 28A, a un año del estallido social en Colombia, ha habido llanto y nudo en la garganta en cada foro, en cada acto de recordación. Ese día, supimos saliendo del concierto de música urbana de Puerto Resistencia que habían capturado a cinco jóvenes de Primera Línea. El mismo día del aniversario. Como un acto de provocación e intimidación, el estado colombiano actuando en conjunto, fuerza policial y fiscalía, gritando con su poder usado arbitrariamente: No salgan. No se metan ni pongan a prueba a este monstruo.
Así que la zozobra por la persecución y la provocación estatal se sumó a la baraja de emociones.
Sin embargo una emoción suprema desde la comunidad desbarató a todas las otras que vienen desde el miedo que ejerce el establecimiento: La empatía.
Dice Mayra Mueses, portavoz del Punto de Resistencia La Nave, que fue esa misma empatía la que se encargó de crear juntanzas durante el estallido social. “Hasta las fronteras que antes existían en Siloé se dialogaron y se terminaron, porque todos estábamos en la misma lucha”.
El Puño de Puerto Resistencia es un símbolo , “es la gran obra de la solidaridad juvenil y de la solidaridad comunitaria”, expresó el politólogo de la Universidad del Valle Sebastián Ordoñez.
Por su parte, el Colectivo 28A, publicó el documento “Prohibido Olvidar”, cuyo subtítulo dice “Haciendo memoria para re-existir”, y allí se leen los perfiles de los jóvenes asesinados en Cali por voz de sus familiares.
“Los casos verificados por Indepaz, Temblores, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-, Amnistía Internacional” entre otras, indican que “de un aproximado de víctimas mortales en todo el país, 59 corresponden a personas asesinadas en el Valle del Cauca (...) Y de esos asesinatos, 35 fueron perpetrados por organismos de seguridad del Estado (Policía, Esmad, GOES, CTI)”
Eso dice el documento del Colectivo 28A. Y se pregunta, haciendo eco de las familias:
-¿Quién los mató?
A la fecha de este artículo la Fiscalía indica que se han hecho 19 imputaciones de cargos. Reconoce apenas 29 homicidios en todo el país y 16 en Cali. Dando especial prioridad a los homicidios de 3 policías y un agente del CTI, más una ardua investigación y seguimiento a los casos de “vandalismo”.
Mientras tanto, los familiares de los jóvenes asesinados y mutilados afirman que para esclarecer esos casos, la Fiscalía les ha puesto como misión el recaudo probatorio.
“Nos han dicho que ‘sí señora’, que ‘venga aquí le atendemos su caso’, pero ¿qué pruebas trae? Con mucho gusto le recibimos la denuncia pero tiene que conseguir pruebas y determinar a un denunciado”, explicó a Canal 2 Sandra Moreno, madre de Santiago Moreno Moreno, asesinado el primero de mayo del 2021, a los 23 años.
Otra que carga con dolor su protagonismo es Laura Guerrero, madre de Nicolás Guerrero, el muralista conocido como ‘Flex’. “Todo el mundo me pregunta en qué van las investigaciones. Van como el día en que mataron a mi hijo. Van en nada”.
Tribunal Popular
Mientras tanto, ante la ceguera y sordera de la Fiscalía y el Estado colombiano, varios colectivos de derechos humanos crearon el Tribunal Popular en Siloé, del que hacen parte varios veedores internacionales y el padre Javier Giraldo, creador del Centro de Investigación Popular (Cinep) y de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, ambas baluartes de la investigación y los derechos humanos en Colombia.
El padre Giraldo visitó Canal 2 y se reunió con varios jóvenes representantes de los puntos de Resistencia para expresar su solidaridad y explicar los alcances del Tribunal Popular.
Dijo el padre que la apatía del Estado, y su complacencia con “sembrar terrorismo a su pueblo” se responde con medios internacionales de investigación para el esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad como los ocurridos entre el 28 de abril y el mes de septiembre del 2021.
Explicó que la esencia del tribunal se asemeja a los Tribunales Rusell o Tribunales Internacionales de Crímenes de Guerra establecidos para investigar los delitos cometidos por el Ejército de Estados Unidos en Vietnam, ante la ceguera y sordera de los gobiernos de ese país que nunca han reconocido las atrocidades de ese conflicto.
“Será una forma de dar claridad a las familias y al mundo sobre la manera en que actúa el Estado colombiano y sus fuerzas armadas”, dijo el sacerdote Giraldo.
Del Tribunal Popular en Siloé participan delegados de derechos humanos de Argentina, Perú, Bolivia, Inglaterra y Alemania. Su primera sesión fue el pasado 3 de mayo, y en la agenda, el 9 de septiembre será el juicio formal al Estado colombiano. Inmediatamente, entre el 10 de septiembre y el 9 de diciembre se emitirá un fallo con acusaciones a los responsables.
“Esta es la única esperanza que me queda de mi hijo. Que haya alguna forma de castigo a aquellos que me lo mataron”, dijo en rueda de prensa una de las madres que confía en algún tipo de reparación a través del Tribunal.
Entre tanto, los jóvenes detenidos el 28A, en el aniversario del estallido, fueron liberados con restricciones y con cargos que van desde concierto para delinquir. La misma empatía que ha unido a la comunidad, a los jóvenes en resistencia, a abogados y prensa independiente, logró las excarcelaciones. Pero la lucha no para. Nuestra solidaridad y empatía tampoco. Como se leía en una máquina de escribir instalada por el Colectivo 28A en la Casa de la Memoria, “esta historia la vamos a contar todos”.
Néstor Cristancho
Periodista Canal 2
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